El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública
El Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el contexto del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), designado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), presenta su informe final titulado: “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública.”
Como lo describe DPLF, GIPES fue conformado con el objetivo de investigar las presuntas violaciones graves de derechos humanos ocurridas en el contexto de la política de seguridad pública bajo el Estado de Excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, y determinar si estas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Puede conocer más sobre GIPES aquí.
El informe presentado fue elaborado bajo la orientación académica y coordinación de destacados expertos en derechos humanos, entre ellos:
- Susana SáCouto, Directora de la War Crimes Research Office de American University Washington College of Law;
- Claudia Martin, Profesora en Residencia de AUWCL y Co-Directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, American University Washington College of Law, Washington D.C.;
- Gino Costa, abogado y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge. De 1990 a 1994, se desempeñó como asesor de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), que supervisó la implementación de los Acuerdos de Paz;
- José Guevara, exmiembro y en dos ocasiones presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria;
- Santiago Cantón, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator Especial para la Libertad de Expresión.
El informe fue presentado en dos eventos públicos. El primero tuvo lugar durante una audiencia en el 195º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el lunes 10 de marzo en Guatemala. La audiencia está disponible en el canal de YouTube de la CIDH. Ver audiencia completa aquí.
La segunda presentación de los hallazgos del informe se llevó a cabo en un evento paralelo al 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el miércoles 11 de marzo. La grabación del evento está disponible aquí.
Introducción y antecedentes del informe: política de seguridad pública y estado de excepción
En los últimos años, El Salvador ha implementado amplias medidas de seguridad pública orientadas a combatir la violencia de las pandillas y restablecer el orden público. Si bien estas políticas han generado una reducción significativa en los índices de criminalidad, también han suscitado preocupación entre observadores internacionales de derechos humanos.
En respuesta al aumento de la actividad de las pandillas, el gobierno declaró en marzo de 2022 un estado de excepción a nivel nacional, otorgando a las autoridades facultades ampliadas para enfrentar amenazas a la seguridad. Estas medidas incluyeron la suspensión de ciertas garantías constitucionales, la autorización de detenciones sin orden judicial y la extensión de los períodos de detención preventiva.
Como resultado, decenas de miles de personas fueron detenidas en un corto período de tiempo. Aunque la política ha sido reconocida por mejorar la seguridad pública, han surgido preocupaciones en relación con la legalidad, proporcionalidad y supervisión de su implementación.
El informe examina si la aplicación de estas medidas, particularmente en el contexto del estado de excepción, ha dado lugar a patrones de conducta que podrían constituir violaciones graves de derechos humanos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad conforme al derecho internacional.
Alcance de las violaciones reportadas y marco jurídico: crímenes de lesa humanidad
La evidencia recopilada a partir de diversas fuentes indica la existencia de prácticas que generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Los informes sugieren que muchas detenciones se realizaron sin evidencia suficiente ni control judicial, basándose en sospechas generalizadas o acusaciones anónimas.
Personas provenientes de comunidades marginadas, en particular hombres jóvenes, parecen haber sido afectadas de manera desproporcionada. En numerosos casos, los detenidos presuntamente carecieron de acceso a representación legal y sus familias no fueron informadas de su paradero.
Las condiciones en los centros de detención también han sido objeto de escrutinio. Las denuncias incluyen hacinamiento, acceso insuficiente a alimentos y atención médica, así como casos de malos tratos. Los reportes de muertes bajo custodia han intensificado aún más las preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas.
En el marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, estos hechos plantean la cuestión de si tales conductas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estos se definen como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque.
Los elementos clave incluyen:
- La existencia de un patrón generalizado o sistemático de conducta
- La dirección del ataque contra una población civil
- La participación o aquiescencia del Estado
- El conocimiento del contexto más amplio en el que ocurren los actos
La magnitud y consistencia de los hechos reportados plantean interrogantes sobre si estos criterios podrían cumplirse.
Análisis, posición del gobierno y supervisión internacional
El informe se sustenta en la experiencia de destacados académicos y profesionales en derechos humanos, incluyendo a nuestra Co-Directora en la Academia, la Profesora Claudia Martin. Sus aportes destacan la importancia de examinar no solo las violaciones individuales, sino también los patrones más amplios que podrían evidenciar prácticas sistemáticas. El análisis subraya el papel de la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al debido proceso para mantener la legitimidad de las acciones estatales, incluso en contextos de seguridad nacional.
Al mismo tiempo, el gobierno de El Salvador sostiene que su política de seguridad pública es necesaria y eficaz para hacer frente a amenazas históricas provenientes de grupos criminales organizados. Las autoridades destacan la significativa reducción en los índices de homicidios y argumentan que las medidas extraordinarias están justificadas frente a la persistencia de la violencia. El apoyo público a esta política sigue siendo elevado en diversos sectores, reflejando el deseo de la población de contar con seguridad y estabilidad. No obstante, estas consideraciones deben equilibrarse con la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales.
Los órganos regionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desempeñan un papel fundamental en el monitoreo de la situación y en la evaluación del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Estas instituciones proporcionan mecanismos de rendición de cuentas y sirven como espacios para abordar posibles violaciones. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil, expertos jurídicos e instituciones académicas continúan contribuyendo a la documentación y análisis de la situación, fortaleciendo la transparencia y la conciencia pública.
Conclusión:
El Salvador se encuentra en un momento decisivo en sus esfuerzos por equilibrar la seguridad y los derechos humanos. Si bien las políticas gubernamentales han logrado resultados medibles en la reducción de la violencia, los métodos empleados plantean importantes cuestionamientos jurídicos y éticos.
Los hallazgos del informe sugieren que la magnitud y naturaleza de las medidas adoptadas en el marco de la política de seguridad pública requieren un escrutinio riguroso. Garantizar que los esfuerzos por mantener la seguridad no socaven el Estado de Derecho es esencial para la sostenibilidad de la estabilidad y la justicia a largo plazo.
En última instancia, la situación exige un monitoreo continuo, investigaciones transparentes y un compromiso firme con los principios de dignidad humana, rendición de cuentas y protección de los derechos fundamentales en todos los sectores de la sociedad.
Puede leer el informe completo en español aquí.
Consulte el resumen ejecutivo en inglés aquí.
Consulte el resumen ejecutivo en español aquí